La Corte Constitucional del Ecuador, mediante sentencia No. 3160-22-EP/26, emitió un pronunciamiento relevante en materia tributaria al analizar una controversia relacionada con glosas determinadas por el Servicio de Rentas Internas (SRI) respecto del impuesto a la renta del ejercicio fiscal 2004.

El conflicto giró principalmente alrededor de la deducibilidad y justificación de determinados gastos registrados por la compañía contribuyente, especialmente aquellos relacionados con:

• pagos a compañías tercerizadoras;
• depreciación de activos fijos;
• gastos administrativos;
• y documentación contable y tributaria de respaldo.

Dentro del proceso, la empresa sostuvo que sí existían elementos suficientes para justificar las operaciones observadas por la Administración Tributaria, particularmente mediante informes periciales y documentación técnica incorporada durante el litigio.

No obstante, tanto el Tribunal Distrital como posteriormente la Corte Nacional de Justicia concluyeron que parte importante de la documentación presentada:

• consistía en copias simples;
• carecía de autenticidad suficiente;
• fue incorporada fuera del momento procesal oportuno;
• o no permitía vincular claramente el sustento documental con las glosas determinadas por el SRI.

Precisamente aquí se encuentra uno de los aspectos más relevantes de la sentencia: la importancia del sustento documental idóneo y oportuno dentro de los procesos tributarios.

La decisión reafirma que, en materia tributaria, no basta únicamente con alegar la existencia de operaciones o gastos, sino que resulta indispensable que el contribuyente:

• conserve documentación válida;
• pueda acreditar autenticidad y trazabilidad;
• y presente los respaldos dentro de las etapas procesales correspondientes.

En otras palabras, la carga probatoria dentro de controversias tributarias exige no solo la existencia de documentos, sino también su adecuada incorporación y capacidad real para justificar la operación observada por la Administración Tributaria.

La sentencia también desarrolla un aspecto importante respecto de los informes periciales. Aunque la compañía alegó que un informe técnico demostraba la validez de los gastos cuestionados, los jueces concluyeron que dicho informe no resultaba suficiente para subsanar las inconsistencias documentales detectadas ni reemplazar los respaldos contables y tributarios exigidos dentro del proceso.

Asimismo, la Corte Constitucional ratifica que la acción extraordinaria de protección no constituye una instancia destinada a reabrir debates probatorios ni a revisar nuevamente la valoración de la prueba realizada por los jueces ordinarios.

En consecuencia, mientras exista una motivación suficiente y una explicación razonada respecto de por qué determinada documentación fue aceptada o descartada, no corresponde a la Corte Constitucional sustituir el criterio técnico y probatorio de la jurisdicción ordinaria.

Desde una perspectiva tributaria, la sentencia deja varias reflexiones importantes para contribuyentes y empresas:

• la necesidad de fortalecer controles documentales internos;
• la importancia de conservar soportes completos y auténticos;
• la correcta trazabilidad contable y tributaria;
• y la relevancia de presentar oportunamente toda la prueba dentro de procedimientos administrativos y judiciales.

En un entorno donde la fiscalización tributaria depende cada vez más del análisis documental y técnico de las operaciones, este tipo de decisiones reafirman que la gestión preventiva del sustento tributario constituye un elemento fundamental dentro de cualquier estrategia de cumplimiento y defensa fiscal.

Descargue aquí la sentencia No. 3160-22-EP/26 de la Corte Constitucional del Ecuador y conozca el análisis completo sobre sustento documental, valoración probatoria y defensa tributaria dentro de procesos fiscales: https://1drv.ms/b/c/44df274dfb8d41a4/IQB3xIteX6kmS6K7nmNPCNReAfPgEb7Cx9BvSm78icObkwg?e=yL2fAh