La Junta de Política y Regulación Financiera y Monetaria expidió la Resolución Nro. JPRFM-2026-019-A, mediante la cual incorpora una nueva Política Antisoborno y Anticorrupción aplicable al Banco Central del Ecuador (BCE) y a su máximo órgano de gobierno.
La medida representa un paso importante dentro del fortalecimiento de los mecanismos institucionales de integridad y transparencia en el sector público financiero ecuatoriano, incorporando herramientas y estructuras propias de los modernos sistemas de compliance y gestión de riesgos de corrupción.
La resolución establece un marco institucional orientado a prevenir, detectar y gestionar actos de soborno y corrupción relacionados con el ejercicio de funciones dentro del Banco Central del Ecuador, promoviendo una cultura de ética pública, integridad y responsabilidad institucional.
Entre los aspectos más relevantes, la normativa regula conductas vinculadas a:
- Conflictos de interés;
- Recepción de regalos o beneficios indebidos;
- Denuncias internas;
- Protección de denunciantes;
- Obligaciones de reporte;
- Mecanismos de investigación y control.
Uno de los elementos centrales de la resolución es la incorporación formal del Sistema de Gestión Antisoborno (SGAS), definido como el conjunto de políticas, procesos y mecanismos destinados a prevenir, detectar y tratar posibles actos de soborno dentro de la institución.
La política no solo será obligatoria para funcionarios y personal del BCE, sino también —en lo que corresponda— para proveedores, contratistas, consultores, socios de negocio y demás terceros vinculados con la institución.
Asimismo, la resolución dispone la implementación de un canal oficial de denuncias y reconoce mecanismos de protección para denunciantes de buena fe, incluyendo principios de confidencialidad y prohibición de represalias.
Otro aspecto relevante es la alineación de la política con estándares internacionales de compliance, particularmente con la norma ISO 37001:2025 sobre sistemas de gestión antisoborno, expresamente citada dentro de la resolución.
Desde una perspectiva institucional, la medida refleja una evolución del modelo tradicional de control disciplinario hacia esquemas más preventivos y estructurados de gestión de riesgos de corrupción, donde la trazabilidad, la vigilancia interna y la cultura de integridad adquieren un rol cada vez más relevante dentro de la administración pública.
En este contexto, el Banco Central del Ecuador se suma a una tendencia internacional orientada a fortalecer los sistemas de prevención, monitoreo y reporte de riesgos de corrupción, incorporando herramientas que históricamente habían estado más vinculadas al ámbito del compliance corporativo privado.
Descargue aquí la Resolución Nro. JPRFM-2026-019-A y conozca el texto completo de la nueva Política Antisoborno y Anticorrupción del Banco Central del Ecuador: https://1drv.ms/b/c/44df274dfb8d41a4/IQCUKge7LaE5T5R8D9lJuoGsAZ3W-IMngbSTROlbNfVEPoE?e=SlkUIf
